CONFIDENCIAL

Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.

Oportunidad para la Corte.

Está visto que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no tiene la mínima noción de lo que es el Derecho.

Para él, la única definición de justicia que vale es la suya, y por eso su recurrente desprecio por la ley y las instituciones.

Cuando los jueces resuelven un asunto con una sentencia que no le agrada, son corruptos y amaga con investigarlos y procesarlos, pero cuando ocurre lo contrario los llena de halagos y los pone de ejemplo.

Por eso le digo que el único concepto de justicia que le satisface es el suyo.

Del tema de los derechos humanos tampoco entiende mucho. Se cansa de argumentar que son solo un pretexto de los conservadores para encubrir a los corruptos. Una barbaridad explicable solamente a la luz de alguien que se cree dueño de la verdad absoluta.

En esas circunstancias, no es de extrañarse el posicionamiento que acaba de plantear acerca de la polémica que se ha desatado en relación al abuso de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y la exigencia de desaparecerla por parte de grandes sectores de la sociedad y de organismos internacionales, como la comisión interamericana de derechos humanos.

Desde su muy limitada visión del derecho, López Obrador considera que la propuesta para eliminar la prisión preventiva de oficio busca que haya impunidad y corrupción.

Los dichos del presidente nacen de un proyecto impulsado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien propondrá al Pleno dejar de aplicar esta medida, al considerar que es una medida cautelar desproporcionada que atenta contra la presunción de inocencia y la proporcionalidad.

El proyecto será debatido por los ministros en su sesión del próximo cinco de septiembre. La idea es que la prisión preventiva deje de aplicarse de forma oficiosa, para lo cual se invalidará el catálogo de delitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se aplica esta medida de manera forzosa.

 “No se puede cerrar los ojos a esta realidad: las penas privativas de la libertad —en prisión preventiva o por sentencia judicial— no sólo condenan a la persona imputada, también condenan a sus familias a permanecer en la precariedad y a asumir el altísimo coste personal, social, económico, educativo, de salud y, por supuesto, psicológico que la reclusión de un familiar conlleva, sobre todo cuando esa persona es el sustento del hogar”, señala el proyecto del ministro Aguilar Morales.

“La clasificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es tan sólo un “disfraz”, una simple denominación formal que no se corresponde con su forma de operar ni con sus consecuencias nocivas, pues queda claro que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos, sino que priva de ellos”, añadió.

De ser aprobado el proyecto, únicamente podría aplicarse la prisión preventiva justificada,que dejaría en manos del ministerio público la tarea absoluta de acreditar las razones por las que un acusado debe permanecer en prisión mientras se lleva a cabo su proceso penal.

Las justificaciones del ministro son entendibles para una gran mayoría…menos para López Obrador.

Los ministros tienen frente a sí una gran oportunidad de dignificar su independencia y autonomía, poniendo fin a esa práctica viciada de vulnerar el principio de presunción de inocencia, a través de la prisión preventiva oficiosa, que muchas veces se hace con propósitos de venganza política. Tienen una gran oportunidad de dar ese paso.

Ejemplos de lo anterior hay de sobra, pero el mejor referente es el caso de Rosario Robles, quien permaneció tres años presa, bajo una medida cautelar de prisión preventiva, en lo que evidentemente se trató de un revanchismo político por parte del gobierno lopezobradorista.

ASI ANDAN LAS COSAS.

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