Morena propone en Senado hasta 13 años de cárcel por tráfico de armas

Contacto/Agencias

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Ante el aumento de homicidios y feminicidios en el país, la senadora de Morena, Guadalupe Covarrubias, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 13 años de prisión a quien o quienes produzcan, comercialicen, distribuyan, transporten y almacenen armas de fuego.

En la Gaceta Parlamentaria publicó la iniciativa de dónde se expone el grave problema del tráfico de armas como generador de violencia en el país y el aumento de delitos en años recientes, particularmente, en homicidios dolosos y feminicidios.

Argumentó que de acuerdo con datos oficiales recientes provenientes de las fiscalías y procuradurías de Justicia del país, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que reportó 2,048 víctimas de homicidio doloso y feminicidio con arma de fuego en febrero de 2020. Esto es, el 71.7 por ciento del total de las 2,858 víctimas.

Covarrubia, indicó que entre 2010 y 2012 se vendieron cerca de 213,000 armas en Estados Unidos para ser traficadas ilegalmente a México, entre las que se encuentran rifles AR-15 y Barret 50.

Expuso que se estima que entre 2013 y 2019 cerca de 150,000 personas recibieron disparos de bala por un delito.

La Secretaría de la Defensa Nacional, actualizada al 31 de octubre de 2021, muestra que en 2018 se aseguraron 479 armas, pasando en 2019 a 5,567 piezas; en 2020 a 5,879 y en 2021 a 4,561 armas.

Se añadió que los delitos cometidos con el uso de armas de fuego se incrementaron de 2015 a 2020 en un 196 por ciento, según estadísticas del SESNSP.

Ante ello se propone una pena de prisión de 5 a 10 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien produzca, comercialice, distribuya, transporte y almacene armas de fuego.

Dicha sanción se incrementará en una tercera parte cuando se trate de servidores públicos, además de aplicarse la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

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