Los gobiernos de México y Estados Unidos tienen prácticamente “inundada” de militares la frontera tamaulipeca. “Operativo Espejo”, le llaman a la acción bilateral con la que ambos países reforzaron la vigilancia a uno y otro lado del río Bravo.
La explicación oficial para semejante despliegue fue una presunta agresión a balazos contra oficiales estadounidenses que patrullaban la línea fronteriza. Hasta ahí, todo podría parecer normal.
El problema es que, hasta ahora, públicamente no se han mostrado mayores elementos sobre esa supuesta agresión. Bastó el reporte del incidente para que de ambos lados comenzaran a moverse tropas, vehículos y equipo de vigilancia.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses hablan ya de una nueva etapa de combate frontal contra la delincuencia organizada. Puede ser.
Pero también puede ser que el episodio de los disparos haya servido como el pretexto perfecto para justificar algo que desde Washington ya se tenía decidido: meter más fuerza militar a la frontera.
No estamos diciendo que el ataque nunca ocurrió. Lo que decimos es que resulta difícil creer que un hecho de esa naturaleza, por sí solo, explique semejante movilización.
Quienes conocen la frontera saben perfectamente que los encontronazos, amenazas y provocaciones entre delincuentes mexicanos y agentes estadounidenses no nacieron ayer.
Hace algunos años, comandantes de la Policía Ministerial que habían estado comisionados en Reynosa y en la llamada frontera chica nos relataban cómo los narcotraficantes llegaban incluso a interceptar las frecuencias de la Patrulla Fronteriza.
Desde territorio mexicano insultaban a los agentes, los retaban y, en ocasiones, hasta les disparaban cuando les impedían cruzar cargamentos de droga o les aseguraban mercancía.
Era parte de aquella realidad fronteriza. Y seguramente lo sigue siendo.
Por eso cuesta trabajo comprar completa la explicación de que ahora, por un episodio de esa naturaleza, Estados Unidos decidió movilizar cientos de militares a la zona. Algo más hay detrás.
Washington lleva meses endureciendo su discurso contra los cárteles mexicanos y acusando al gobierno de México de estar dominado por los grupos criminales, dejando claro que considera el problema del narcotráfico como un asunto de seguridad nacional.
Y cuando Estados Unidos coloca un tema en ese nivel, difícilmente se queda solamente en discursos. Empieza a mover recursos, tecnología, agentes y, como ahora, militares.
Ese es justamente el dato que debería preocupar más que los presuntos balazos.
Porque la presencia militar estadounidense en la frontera puede comenzar como una reacción extraordinaria y terminar convirtiéndose en algo permanente. Y sabemos perfectamente que cuando Washington instala una política de seguridad, después resulta muy difícil echarla para atrás.
Entonces no es descabellado pensar que los disparos denunciados fueron solamente la coyuntura que hacía falta para apretar todavía más la frontera.
México, mientras tanto, acompaña el operativo y despliega también sus fuerzas.
La pregunta es hasta dónde llegará esa coordinación y, sobre todo, quién terminará imponiendo las reglas.
Porque una cosa es colaborar entre dos gobiernos para combatir a los grupos criminales y otra muy distinta permitir que, bajo el argumento de la seguridad, Estados Unidos vaya corriendo poco a poco la línea de lo que considera permitido hacer en territorio mexicano.
Ahí está el verdadero tema.
Los disparos, si ocurrieron como se asegura, pasarán pronto al archivo de los incidentes fronterizos.
Lo que no pasará tan rápido será la presencia de cientos de militares del otro lado del río Bravo.
Y eso, más que cualquier comunicado oficial, es lo que habrá que observar con mucha atención, porque después el despliegue no será solo en la frontera.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.