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18 de noviembre de 2026

Cálculos millonarios, pago mínimo: el saldo de Deutsche Bank

Archivos confidenciales revelan que el banco alemán apartó 20 mdd para el caso de manipulación de bonos en México, pero su entrada al Programa de Inmunidad de la Cofece logró reducir su sanción

Era 2 de febrero de 2012. —Estoy comprando en 42 —avisó un operador de Barclays México a través del chat corporativo de Bloomberg. —Ok, estoy dentro, hermano. Hagamos dinero y nos cuidamos —respondió su contraparte de Deutsche Bank México.

—Bien, hermano, eso es trabajo en equipo —remató el primero.

Esta conversación, del expediente 18-CV-2830 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, formó parte de las pruebas de fondos de pensiones estadounidenses en la demanda por manipulación de bonos gubernamentales mexicanos que en agosto de 2026 llevó a los bancos a un acuerdo de 107.1 millones de dólares, pero sin admitir responsabilidad.

Esta evidencia también quedó acreditada en la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de febrero de 2021 (expediente IO-006-2016). El regulador probó que, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013, 11 operadores de siete bancos —Barclays, Deutsche Bank (DB), Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer y J.P. Morgan— actuaron de manera coordinada y pactaron precios, alteraron tasas al cierre y retiraron simultáneamente sus posturas de compra o venta para frenar la variación de los precios y forzar a los clientes a aceptar peores cotizaciones.

Estas prácticas provocaron un daño estimado de 29.3 millones de pesos (1.4 millones de dólares) en 142 transacciones. "La manipulación no se llevó a cabo en el mercado primario, sino en el secundario y no fue generalizada. No se impuso una multa considerando el total de bonos del gobierno intercambiados, sino sólo en aquellos con prueba de manipulación", explicó Alejandra Palacios, excomisionada presidenta de la Cofece.

Deutsche Bank tuvo un papel protagónico. Dos de sus operadores mantuvieron una coordinación recurrente con colegas de Barclays y Bank of America, lo que le valió la multa individual más alta de todo el expediente: 8.7 millones de pesos.

En abril de 2017, Deutsche Securities Casa de Bolsa (DS México) recibió un requerimiento de la Cofece sobre su participación en el mercado de bonos gubernamentales mexicanos desde 2006. Esto llevó a DB a abrir un expediente interno bajo el nombre de Proyecto Pearl y lo agrupó con otras investigaciones críticas por manipulación de deuda soberana: Crown, en Reino Unido, y Turtle & Quantum, en Estados Unidos.

Esta información forma parte de Inside Deutsche Bank, una investigación transnacional nacida a partir de la filtración de más de 15 millones de documentos del banco, liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Tres meses después de esta solicitud, DB clasificó el caso mexicano como "de alto riesgo".

La Dirección de Gestión de Incidentes (IMG, por sus siglas en inglés) pidió la recolección de correos y chats de seis traders y contrató a los despachos Allen & Overy LLP y Hogan Lovells LLP.

La evaluación inicial fue clara: el caso Pearl superó los umbrales globales de riesgo financiero, regulatorio y reputacional.

En marzo de 2019, un reporte confidencial advirtió que, aunque la indagatoria era pública, el papel de Deutsche Bank no lo era, y estimó una probabilidad de más de 50% de enfrentar multas por "una serie de comunicaciones entre 2010 y 2014 que parecen involucrar una posible coordinación". Por consejo legal externo, el banco apartó una provisión de 20 millones de dólares.


Control de daños

Entre 2017 y 2019 la sede de Deutsche Bank diseñó una estrategia para enfrentar el caso de México y aminorar el impacto que, según calcularon, podría ser millonario. El 9 de mayo de 2017 entregó su respuesta inicial a la Cofece y reconoció la participación de seis exempleados.

Además, contrató a la consultora Charles River Associates (CRA) para la revisión de 250 mil transacciones y análisis de los teléfonos de los operadores del banco.

Con estos hallazgos, el 16 de noviembre de 2017 DB presentó su declaración formal de hechos: admitió una conducta irregular y el intercambio indebido de información. Hasta 2020 había enviado 280 chats al ente regulador. Con estas entregas, el banco logró conseguir el segundo lugar en el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones de la Cofece, de acuerdo con un borrador interno del DB, con esto aseguró una reducción de hasta 50% en la multa y, además, el resguardo legal de su identidad como delator.

Aunque por ley evitó confirmar si este mecanismo se usó en el caso de los bonos mexicanos, Alejandra Palacios explicó que el programa ayuda a la autoridad a definir hacia dónde apuntar "los esfuerzos de revisión documental para encontrar la evidencia que se necesita", entre miles de fojas.

El equipo de Gestión de Litigios y Cumplimiento Regulatorio del Deutsche Bank reconoció que era probable una pérdida de recursos ante la Cofece debido a esta segunda posición en el programa de clemencia, por lo que mantuvo firme la reserva de 20 millones de dólares para el caso de México y entre cinco y 10 millones extra para los litigios en Nueva York.

El área legal pidió mantener ambos montos fuera de sus reportes financieros. La Norma Internacional de Contabilidad 37 (NIC 37) permite omitir revelación pública de información cuando pueden perjudicar gravemente el resultado de un litigio.

Consultada para esta investigación sobre el cálculo de la provisión de 18 millones de euros (alrededor de 20 millones de dólares), la sede de Deutsche Bank respondió por escrito: "Aportamos nuestra información a los procedimientos legales por la vía debida y rechazamos tajantemente cualquier insinuación en sentido contrario. No emitimos comentarios sobre nuestras provisiones".

A pesar de haber colaborado desde el inicio con la Cofece para obtener los beneficios del programa de clemencia, DB compartió la misma estrategia de defensa que el resto de los bancos involucrados durante la investigación, según consta en la resolución del expediente IO-006-2016.

Las instituciones argumentaron que las conversaciones registradas constituían un intercambio legítimo de información de mercado entre contrapartes independientes, responsabilizando a los operadores de manera individual.

A lo largo del proceso, Deutsche Bank actuó en dos frentes: por un lado, cooperó con la Cofece y entregó las comunicaciones de sus operadores, lo que le permitió obtener una reducción en la sanción económica impuesta por la autoridad; por otro, movilizó a su área de riesgos y comités internos para analizar la magnitud del problema, dimensionar el impacto financiero y proyectar escenarios de afectación reputacional.

Su estrategia funcionó. La multa impuesta en enero de 2021 fue de 8.7 millones de pesos, casi 46 veces menor a los 20 millones de dólares (cerca de 400 millones de pesos) que el gigante financiero guardó para absorber el castigo.


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