La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones de conservar registros telefónicos y de geolocalización de los usuarios por dos años, y que los entreguen a instancias de seguridad y de procuración de justicia, incluso sin orden judicial.
La medida establecida en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no vulnera el derecho a la privacidad y de protección de datos personales, concluyó el pleno al resolver ayer el amparo de una quejosa que consideró que la norma viola el derecho a la privacidad.
La mayoría del pleno declaró válida la disposición que ordena a las empresas concesionarias la retención y entrega de metadatos, registros de llamadas, bloqueo de señales y geolocalización en tiempo real de dispositivos, como una medida de colaboración con autoridades. Consideró que dicha obligación no implica la conservación del contenido de las comunicaciones, sino únicamente la información vinculada con la prestación del servicio.
Los ministros dejaron en claro que para acceder a dicha información se requiere de una autorización judicial, a excepción de los casos urgentes para las autoridades.




