El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar afirmó que entre las líneas de investigación para detener a los autores del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos se considera llamar a comparecer a los integrantes del Cabildo de Cuernavaca y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA).
A los primeros, porque en sesiones de Cabildo el regidor acusó una presunta relación con la delincuencia organizada que anida en la capital del estado.
En una de las últimas sesiones, Rivas Ríos consideró como amenazas las advertencias de la regidora del PAN, Paz Hernández Prado, y del secretario de Gobierno municipal, Óscar Cano Modragón, al precisar que cuando votó en contra de una propuesta en la Comisión de Alcohol "no querían poner mi voto en contra o mi nombre con voto en contra, que porque podía tener consecuencias con la maña. Yo le pregunté a la regidora Paz, ¿qué sabes?".
Más adelante mencionó a Cano Mondragón: "Y cuando el secretario del municipio también me dice: ‘No, es que hay problemas si nos metemos aquí porque la maña está fuerte’. ¿Y acaso no este es un órgano colegiado y no hay un municipio que puede enfrentar a la delincuencia en Cuernavaca o saben dónde están y saben qué hacen, pero no quieren actuar? Esta es la cuestión, se sabe, pero no se quiere actuar", dijo el regidor.
En cuanto a los magistrados, el regidor protestó el mismo día de su asesinato en la sede del TJA porque concedieron una suspensión a la empresa inmobiliaria Portenta para que no se detengan los trámites administrativos en el Ayuntamiento y continúe con su proyecto urbano en un predio considerado como reducto de selva en la capital del estado.
El regidor lideraba un bloque de ciudadanos inconformes con ese plan, y acusó al Ayuntamiento, gobernado por el PAN, de emitir el permiso de construcción antes de que el expediente fuera revisado por el Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio.
Amenazas
Rivas Ríos arrastraba amenazas de muerte desde 2012 y dos ataques armados contra viviendas de sus familiares. En sus declaraciones públicas acusaba el poder del crimen organizado y la proliferación de bares irregulares con el consentimiento de las autoridades.
En enero de 2025, la Fiscalía General del Estado ordenó medidas cautelares en favor del regidor por un periodo de 90 días, tiempo establecido en la ley. La custodia terminó el 22 de abril de ese año y, de forma extraoficial, trascendió que el concejal ya no habría solicitado la renovación de la escolta. El día de su asesinato, condujo su auto en una zona precaria, sin cámaras de videovigilancia.
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Municipal de Seguridad Pública, Cristhian Carmona Barón, dijo que en la avenida Ejido, en Acapancingo, donde fue asesinado el regidor, no hay cámaras de videovigilancia, y consideró la posibilidad de que sus agresores lo hayan seguido y aprovecharon un punto con menor presencia policial para perpetrar el homicidio.
Por la mañana, una centena de activistas demandaron justicia a las puertas de Palacio de Gobierno.
