El Partido Acción Nacional (PAN) denunció una presunta red de extorsión, amenazas y cobro de cuotas ilegales operada desde la Gerencia de Transporte Terrestre (GTT) de Petróleos Mexicanos (Pemex) en perjuicio de los transportistas de combustible, al tiempo que ofreció el respaldo jurídico de su bancada a los afectados.
A través de un comunicado, el diputado federal, Federico Döring, arremetió contra el funcionamiento de la dependencia y lamentó el impacto que estas prácticas tienen en el sector.
"Ahora resulta que la gerencia de transporte de Pemex, en vez de garantizar un buen servicio, de monitorear el transporte y traslado de combustibles para evitar el huachicoleo, se dedica a extorsionar y amenazar a los transportistas con que les tienen que hacer pagos ilegales extraordinarios y si no los hacen, los quieren intimidar desde las posiciones de poder. Por eso es que no avanzamos en este país", expresó.
Lo anterior luego de que un grupo de integrantes del sector de la industria de hidrocarburos, denunciaron ante diputados a José Luis Peláez Pérez, titular de la GTT (anteriormente adscrita a Pemex Logística), y a su equipo, de mantener una red de protección y favoritismo hacia proveedores vinculados con investigaciones penales por contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal.
Según las denuncias, empresas como Mefra Fletes —ligada al buque Challenge Procyon, asegurado en Tamaulipas en 2025— mantienen contratos activos con la petrolera estatal. Entre los accionistas y personajes señalados en las indagatorias federales se encuentran Héctor Manuel Portales Ávila, detenido en septiembre del año pasado, y José René Tijerina Mendoza.
Asimismo, en la lista de proveedores señalados por el sector se encuentran Montimex, Servicios y Transportes del Norte, Chabelos, Autotanques de México, así como Transportes Bueno y ATM. A estas dos últimas firmas, originarias de Córdoba, Veracruz, se les relacionó con el decomiso de 29 pipas con combustible de contrabando en territorio tamaulipeco.
En la carta de denuncia, explicaron que a pesar de que el artículo 86 de la Ley de Petróleos Mexicanos exige una evaluación de debida diligencia para identificar riesgos e irregularidades en los prestadores de servicios, la legislación vigente no contempla la rescisión automática de un contrato por el solo hecho de que un socio o representante enfrente una investigación penal, vacío que presuntamente ha facilitado la continuidad de estas operaciones.
La queja se suma a las denuncias de los transportistas sobre un esquema de extorsión presuntamente operado en la GTT. De acuerdo con los afectados, se les exigen "cobros de piso" de 5 mil pesos mensuales por autotanque, pagos extraordinarios de hasta 300 mil pesos para tener acceso a las terminales de almacenamiento y comisiones extraordinarias.
Los empresarios del ramo advirtieron que quienes se niegan a ceder a estas presiones enfrentan retrasos deliberados en sus pagos, amenazas de suspensión y severas restricciones operativas, mientras que las empresas alineadas al esquema reciben un trato preferencial en la asignación de servicios.
Federico Döring anunció el respaldo jurídico del PAN, para quienes busquen proceder legalmente.
"Desde el PAN exhortamos a los transportistas que no se dejen extorsionar ni amedrentar y que si quieren levantar la voz con todo anonimato nos pueden buscar para que les respaldemos desde la Cámara de Diputados", concluyó el legislador.
