La batalla interna del Cártel de Sinaloa ha detonado una red de alistamiento forzado que se expande por varios estados del país; las desapariciones de personas foráneas en esta entidad pasaron de 142 casos en 2023, el año previo al conflicto, a 231 en 2025, un aumento de 63%.
Janeth sabe que su hermano Gerardo ya está muerto, pero aún lo sigue buscando.
El joven salió de su casa en Jalisco el 18 de febrero de 2026 para realizar una entrevista de trabajo. Le prometieron un empleo en la construcción en Colima, pero todo fue un engaño. En realidad, un grupo criminal lo trasladó a la sierra de Zacatecas para someterlo a un adiestramiento forzado.
Gerardo tenía 27 años, era albañil y vivía en Tlajomulco de Zúñiga. Su hermana Janeth denunció la desaparición y, a mediados de abril, Gerardo logró comunicarse con ella por primera vez.
"Quita la denuncia, hermana, porque si se enteran que me estás buscando me va a ir peor. Aquí está de la chingada", soltó.
Para entonces, Gerardo ya estaba en la zona serrana del sur de Sinaloa, a cientos de kilómetros de su casa, en medio de la guerra interna del cártel.
Janeth mantuvo la denuncia y, durante meses, insistió ante la fiscalía de Jalisco para que rescataran a su hermano, pero la petición no avanzó. A pesar del cautiverio, Gerardo siguió en contacto con su hermana mediante llamadas y mensajes. Le decía que no quería estar ahí, pero conservaba la esperanza de volver a casa.
El domingo 21 de junio fue Día del Padre y Janeth despertó inquieta; había soñado con Gerardo. Apenas abrió los ojos le envió un mensaje para felicitarlo, pero no recibió respuesta. Preocupada, insistió durante todo el día. Cinco días después recibió la llamada de un desconocido que le contó lo que, al parecer, había ocurrido el domingo pasado: desde el aire, un dron comercial lanzó un explosivo sobre un campamento oculto en las faldas de una montaña del sur de Sinaloa. El artefacto cayó cerca de Gerardo y lo mató al instante.
El muchacho narró entre sollozos que él intentó cargar el cuerpo de Gerardo, pero no pudo porque el grupo armado contrario se acercaba y apenas le quedaba tiempo para salvarse a sí mismo. En aquella llamada, una y otra vez el muchacho le pidió perdón por haber abandonado el cuerpo. También le prometió ayudarla y le dio indicaciones para llegar a los restos de su hermano: nombres de los poblados, una distancia aproximada hacia la sierra y la referencia de un barranco.
Desde entonces, Janeth ha seguido esas indicaciones, pero no logra encontrarlo. Se niega a cesar la búsqueda porque Gerardo tiene un hijo de 10 años que todavía no sabe que su padre falleció.
"Mi hermano ya murió, él está descansando en paz, pero la necesidad de encontrarlo es para decirle a su hijo: ‘aquí está tu papá’".
Janeth ha regresado por tercera vez a la sierra del sur de Sinaloa. Camina por las veredas y deja pequeños letreros escritos a mano sobre los húmedos troncos de los árboles. En ellos anota un número de teléfono y ruega por cualquier pista que permita encontrarlo.
"Mi hermano murió aquí el Día del Padre, sólo quiero llevarme su cuerpo, te lo imploro", escribe en uno de los letreros.
Durante más de dos años, la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado más de 4 mil homicidios y 4 mil 500 desapariciones, según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El conflicto ha desatado una violencia brutal, marcada por el uso de explosivos artesanales lanzados desde drones, cuerpos cercenados expuestos en las calles, así como casas y negocios incendiados.
Para sostener esta batalla, los grupos en disputa han extendido sus redes de reclutamiento a otros estados del país, donde adolescentes y jóvenes son atraídos con falsas ofertas de empleo y promesas de sueldos elevados. Después son trasladados a campamentos de entrenamiento y enviados a las zonas de batalla.
Nadie conoce la cifra real del reclutamiento de jóvenes y menores en México, pero en esta investigación periodística se documentó un incremento en el número de personas foráneas desaparecidas en Sinaloa a partir de septiembre de 2024, justo cuando se desató la violencia. De 142 casos registrados en 2023, la cifra pasó a 208 en 2024, y alcanzó 231 reportes en 2025, un aumento de 63% respecto al año previo al conflicto.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, en medio de la guerra interna del cártel, las personas foráneas desaparecidas en Sinaloa llegaron a 536; la cifra representa más de la mitad de todos los casos registrados en los cinco años previos, entre 2019 y 2023.
El incremento de las desapariciones coincide con una estrategia de reclutamiento forzado utilizada por grupos criminales para sostener la guerra, según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados. A partir de sus relatos se lograron reconstruir dos rutas de reclutamiento que conectan los estados de Jalisco y Durango con Sinaloa. Durango, Jalisco, Sonora y Chihuahua concentran el 44% de las personas originarias de otros estados que desaparecieron en Sinaloa.
Estos datos se construyeron a partir de decenas de solicitudes de información a comisiones estatales de búsqueda y fiscalías locales que proporcionaron reportes de desaparición y carpetas de investigación en las que Sinaloa aparece como el último lugar donde las personas fueron vistas.
En esta investigación también se documentan los obstáculos que enfrentan las personas para buscar a sus familiares en otro estado. Colectivos de Sonora, Jalisco y Durango afirman que las carpetas de investigación pueden tardar hasta tres meses en transferirse entre fiscalías, mientras que las autorizaciones para realizar búsquedas en campo en Sinaloa demoran entre seis meses y un año.
A estas dificultades se suma la falta de apoyo económico para los traslados. Familias de Jalisco y Durango aseguran que las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas de sus estados les han negado recursos con el argumento de que corresponde a Sinaloa proporcionarlos, mientras que en esa entidad las autoridades rechazan apoyar a personas foráneas.
La responsabilidad de buscar no debería de ser de las familias, sino de las autoridades, pero en México, esa es una batalla prácticamente perdida.
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La tarde del 1 de enero de 2024 Kevin, de 19 años, salió de su casa para trabajar en una fiesta de Año Nuevo en un rancho cercano a la capital de Durango. El joven se empleaba en el montaje de mobiliario para bodas y bailes en rancherías, pero después de aquella jornada de trabajo, ya no volvió.
Durante dos días nadie supo de él, algo inusual porque Kevin acostumbraba a llamar a su madre cada vez que salía. Al tercer día, el teléfono por fin sonó y era Kevin, que intentaba tranquilizar a su madre. Le contó que le habían prometido un sueldo de 20 mil pesos al mes y trabajo seguro durante tres meses. En realidad, lo habían llevado a las "pecheras", como se conoce a las células de jóvenes armados que portan chalecos antibalas.
Kevin prometió llamar cada 15 días, y cumplió durante las primeras semanas. Le contaba a su madre que estaban en la zona serrana de El Salto, Durango, a 60 kilómetros de los límites con Sinaloa, y que varios amigos de su edad también habían entrado en las "pecheras". Conforme el grupo armado se internaba en la sierra rumbo a Sinaloa, la promesa de regresar a casa se fue aplazando. Pasaron cinco meses y en los últimos días de mayo, la mujer comenzó a notar un cambio en la voz de su hijo, que cada vez se oía más asustado.
"Mamá, ya no quiero estar aquí. Nos avientan bombas, nos tenemos que esconder. Hay muchos niños. Ya no quiero estar aquí", suplicó en una última llamada.
Después de esa conversación, Kevin no volvió a llamar, y Manuela sólo recibió versiones contradictorias sobre lo que había ocurrido. Uno le dijo que los militares lo habían detenido, otro le mostró videos de un enfrentamiento y aseguró que había muerto, pero ella no ha podido confirmar ninguna de esas versiones. Lo único que sabe es que fue visto por última vez en Potrerillos, Concordia, en la parte alta de la sierra sinaloense.
"Es una muerte en vida. Es terrible pensar que a lo mejor tu hijo quedó muerto por ahí en la sierra o que está vivo y no come, que no tiene que tomar", lamenta la mujer.
Este lunes 27 de julio, más de un año después de la desaparición de su hijo, Manuela comparte su historia junto con 10 madres reunidas en un café de Durango; todas son integrantes del colectivo Buscando a Emilios y perdieron el contacto con sus hijos después de que se trasladaron a Sinaloa.
Las buscadoras duranguenses reclaman que las carpetas de investigación están paralizadas en la Fiscalía de Sinaloa. Varias aseguran que al pedir ayuda fueron revictimizadas, pues los agentes ministeriales las trataron como si sus hijos fueran "contras", es decir, supuestos integrantes de La Mayiza en un territorio controlado por Los Chapitos.
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Los grupos criminales aprovechan las vulnerabilidades de los adolescentes para engancharlos, explica David Coronado, investigador del Comité de Análisis Universitario en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.
"Los adolescentes son manipulables, creen en las ofertas de trabajo. Les dicen: ‘vas a ganar 10 mil pesos a la semana’. Además, se le pone la expectativa de que va a haber un retorno a su casa. ‘Es un trabajo de vacaciones, vas a regresar con dinero’, pero es un engaño", explica el académico.
Seis de cada 10 personas originarias de otros estados que desaparecieron en Sinaloa tienen entre 15 y 34 años. Sin embargo, el incremento más significativo se observa entre los adolescentes de 15 a 19 años. En apenas seis años, las denuncias en este rango de edad pasaron de tres casos en 2019 a 42 en 2025, año en el que se convirtieron en el grupo con más registros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el reclutamiento forzado de niños y adolescentes es una de las causas de las desapariciones en México. En un informe presentado en mayo de 2026, el organismo advirtió que los adolescentes son especialmente vulnerables a ser captados por grupos criminales en contextos marcados por la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión social y la violencia.
El organismo advirtió que, incluso cuando el reclutamiento parece voluntario, puede estar condicionado por presiones económicas o amenazas contra los adolescentes y sus familias, por lo que exhortó a reconocer a los menores reclutados como víctimas.
Decenas de testimonios de familiares y entrevistas con líderes de colectivos permiten reconstruir dos rutas interestatales de reclutamiento forzado que atraviesan entidades del norte y occidente del país, y que convergen en Sinaloa.
Desde Jalisco, algunos de los jóvenes reclutados son trasladados a campamentos de entrenamiento en la zona serrana de Zacatecas y, posteriormente, enviados a territorios en disputa en el sur de Sinaloa, principalmente Mazatlán, Concordia, Escuinapa y Rosario.
En la ruta que parte desde Durango, los últimos registros de ubicación de las personas desaparecidas se concentran en la zona serrana de Concordia, Mazatlán, Rosario y Elota, Sinaloa.
Los testimonios y las zonas donde se registraron las desapariciones aportan indicios sobre una posible vinculación de estas rutas con las dos facciones en disputa del Cártel de Sinaloa. En la que conecta Jalisco, Zacatecas y Sinaloa, los indicios apuntan a una posible relación con Los Chapitos y su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ruta que parte de Durango podría estar vinculada a la facción de La Mayiza.
Esta investigación fue desarrollada en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
