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20 de noviembre de 2026

Víctimas de feminicidio denuncian exclusión de orfandad

Familias de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio y desaparición denunciaron que el gobierno federal comenzó a actualizar el protocolo nacional para atenderlos sin convocar a quienes han perdido a sus madres ni a las personas que se hacen cargo de su cuidado.

En un pronunciamiento difundido este 19 de noviembre, integrantes de la iniciativa EmpoderARTE 2025-2026 acusaron que la Secretaría de las Mujeres inició las mesas de trabajo sin escuchar a las familias afectadas, pese a que serán las principales destinatarias de las medidas de protección, atención médica, apoyo educativo y acompañamiento psicológico.

La inconformidad surgió después de que el 16 de noviembre la dependencia federal informó sobre la primera mesa de trabajo para actualizar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, con la participación de instituciones federales, del Poder Judicial y de UNICEF México.

Sin embargo, las familias señalaron que no fueron convocadas las niñas, niños y adolescentes afectados, sus cuidadores ni las organizaciones que durante años han acompañado a las víctimas en sus procesos de búsqueda, atención y exigencia de justicia.

"Nos indigna que se diseñen respuestas institucionales sobre nuestras vidas sin escuchar a quienes las vivimos. No queremos ser únicamente destinatarias de una política pública: tenemos derecho a participar en las decisiones que afectan nuestra vida y la de nuestras hijas e hijos", señalaron.

En el documento, las familias advirtieron que cuando una mujer es víctima de feminicidio o desaparición, sus hijos no sólo enfrentan la pérdida o ausencia de su madre, sino también problemas económicos, cambios de vivienda, dificultades escolares y afectaciones emocionales que pueden prolongarse durante años.

Explicaron que abuelas, abuelos, tías, tíos, hermanos y otros familiares suelen asumir la responsabilidad de garantizar alimentación, vivienda, educación y atención médica, mientras enfrentan trámites judiciales y gastos que muchas veces no pueden cubrir.

Las niñas, niños y adolescentes también pueden sufrir discriminación en las escuelas, ansiedad, miedo a perder a sus nuevos cuidadores y dificultades para continuar sus estudios, sin recibir atención institucional suficiente y permanente.

"Pedimos que el Estado nos vea, nos escuche y haga valer nuestros derechos como niñas, niños y adolescentes. Que las autoridades garanticen nuestra seguridad, nuestra educación, nuestra salud y nuestro bienestar. No somos cifras, no somos casos, no somos expedientes", expresaron las infancias participantes en EmpoderARTE.

Las familias exigieron que el nuevo protocolo no se limite a los casos de feminicidio y también incluya a los hijos de personas desaparecidas, quienes pueden pasar años sin conocer el paradero de sus madres o padres y enfrentar condiciones similares de desprotección.

Advirtieron que la falta de una declaración formal de orfandad no debe impedir que estos menores reciban atención médica, apoyo educativo, acompañamiento psicológico y protección social.

También reclamaron la creación de un registro nacional actualizado que permita conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en estas condiciones, cuáles son sus necesidades y qué apoyos reciben, sin que la inscripción se convierta en un requisito para acceder a los servicios.

Señalaron que actualmente deben acudir a distintas dependencias, repetir sus historias y realizar trámites para obtener apoyos que deberían proporcionarse de manera coordinada, lo que puede provocar nuevas situaciones de revictimización.

Por ello, demandaron atención integral, gratuita y de largo plazo, que incluya servicios de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, becas y apoyos educativos, así como mecanismos para resolver problemas de guarda y custodia.

Asimismo, exigieron presupuesto suficiente, responsabilidades claras para las instituciones y procedimientos para denunciar negligencia, discriminación y maltrato en escuelas, hospitales, fiscalías y otras dependencias.

El pronunciamiento está respaldado por familiares de víctimas y organizaciones como Justicia Pro Persona, el Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.

Las familias advirtieron que no basta con anunciar nuevas medidas de atención si quienes enfrentan las consecuencias del feminicidio y la desaparición continúan excluidos de las decisiones.

"No queremos que nuestras hijas e hijos sigan creciendo entre la desprotección, la incertidumbre y las consecuencias de una violencia que el Estado no ha logrado prevenir, atender ni reparar", expresaron.

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