ONU acusa a servicios secretos de Venezuela de crímenes de lesa humanidad
Ginebra.- Los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno para reprimir a la oposición, afirmó la ONU este martes en un informe.
“Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro (…)”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
Las investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país, lo que conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual, denunció Valiñas.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
Entre los métodos de tortura figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca'”, detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
En Caracas, Provea, una de las ONGs más activas en la denuncia de violaciones a DDHH en el país, denunció este martes que dos funcionarios del Sebin intentaron ingresar a su sede para “intimidar” a familiares de trabajadores detenidos que daban una rueda de prensa para exigir su libertad.
“Nos parece muy preocupante ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y contra quienes hoy denuncian la política de represión del presidente Nicolás Maduro”, indicaron voceros de la ONG.
