Prohíbe jueza uso de fideicomisos para el puerto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión para no tocar los 15 mil 800 millones de pesos de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), tras la extinción que realizó el Congreso de la Unión.

La jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, ligados a sus condiciones generales de trabajo, así como diversos acuerdos generales emitidos por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Medida que se decreta así y no afecta el interés social ni el orden público, pues además el decreto reclamado no especifica la finalidad para la cual se pretenden emplear los recursos de los fideicomisos materia de dicha disposición de carácter general”, refirió la jueza.

Indicó que el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de este año, no establece de qué forma serán utilizados los recursos de los fideicomisos para atender en forma específica las necesidades sociales.

“Por el contrario, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del PJF, de que se vea afectada la impartición de justicia con la obstaculización de programas, implementación de reformas constitucionales o infraestructura de los órganos impartidores de justicia”, señaló.

En un posicionamiento, Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, confirmó que se concedió la suspensión provisional del decreto que propone eliminar los fideicomisos del PJF.

Resaltó que en la sentencia se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado el decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, así como división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integran la judicatura federal.

“Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un juzgado o tribunal federal”, expresó.

También dio a conocer que está haciendo una valoración sobre la probable presentación de la demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024. Ésto, previo acuerdo de la directiva nacional y consenso de las directivas regionales.

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