El gobierno federal está desesperado. El dinero ya no le alcanza y, por lo visto, en esa desesperación poco le importa atropellar o pisotear los derechos de miles de trabajadores a quienes pretende limitarles el acceso a la Modalidad 40 del Seguro Social, una figura que les ofrece la oportunidad de mejorar su pensión y disfrutar de una vejez económicamente más tranquila. En pocas palabras, pretende cerrarles una puerta que durante años les permitió aspirar a un retiro digno.
Lo más grave es que intenta consumar semejante atropello sin modificar la ley. La decisión, por donde se le vea, es una auténtica aberración jurídica, porque pretende justificarse con un simple acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, publicado este miércoles 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, mediante una disposición administrativa se pretende restringir un derecho reconocido expresamente en una ley federal.
Le explico: hasta ahora, los trabajadores podían elegir un salario de cotización superior al último registrado, hasta el límite legal de 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, con el nuevo acuerdo, el IMSS pretende permitirles un incremento máximo de apenas una UMA sobre su último salario. La diferencia es enorme y sus consecuencias pueden reflejarse directamente en el monto de las futuras pensiones.
Pero lo verdaderamente delicado está en que el artículo 218 de la Ley del Seguro Social reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a continuar cotizando con el último salario registrado o uno superior. Esa disposición sigue vigente. Nadie la ha reformado ni mucho menos derogado. Entonces, ¿de dónde sacaron los funcionarios del IMSS que pueden imponer, por su cuenta, una limitación que el legislador nunca estableció?
Porque una cosa es administrar el Seguro Social y otra muy distinta atribuirse facultades legislativas. Un acuerdo del Consejo Técnico no puede tener mayor fuerza que una ley federal. Eso lo sabe hasta un estudiante del primer semestre de Derecho. Por eso resulta tan cuestionable que quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación pretendan modificar sus alcances mediante una decisión administrativa.
Además, habría que recordarles a quienes tomaron semejante decisión que los trabajadores incorporados a la Modalidad 40 pagan sus propias cuotas. Muchos destinan buena parte de sus ahorros, reunidos durante años de esfuerzo y sacrificio, a ese propósito. No están pidiendo limosna ni esperando que el Gobierno les regale una pensión. Están invirtiendo su propio dinero para no convertirse, durante la vejez, en una carga económica para sus familias.
Seguramente justificarán la medida con el argumento de proteger las finanzas del IMSS. Pero resulta absurdo que primero impongan restricciones y después ordenen un estudio, con un plazo de seis meses, para conocer el impacto financiero de esta modalidad. Parece que hicieron las cosas al revés. Lo razonable habría sido estudiar primero las consecuencias y, con los resultados en la mano, determinar si realmente existía la necesidad de modificar las reglas.
Cierto, las pensiones ya otorgadas no sufrirán modificaciones por este acuerdo, mientras que los trabajadores actualmente inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado. Sin embargo, quienes pretendan ingresar o volver a contratar la modalidad enfrentarán las nuevas limitaciones. Y son precisamente ellos quienes tienen motivos para sentirse agraviados, porque las reglas cambiaron cuando muchos ya habían comenzado a planear y ahorrar para su retiro.
Lo lamentable es que todo esto ocurra bajo un Gobierno que presume tener como prioridad el bienestar de los mexicanos. Porque el bienestar también significa llegar a viejo sin la angustia de que la pensión no alcance para comprar medicamentos, pagar los servicios indispensables o llevar comida a la mesa. Después de toda una vida de trabajo, nadie debería enfrentar la vejez con el temor de que sus ingresos resulten insuficientes para vivir con dignidad.
Por todo ello, el Gobierno debería medir muy bien las consecuencias de semejante decisión. Está tocando un asunto especialmente sensible para miles de familias mexicanas y sería un error suponer que todos los afectados se quedarán cruzados de brazos. Las pensiones no son un asunto menor ni una concesión graciosa del poder. Son el fruto de décadas de trabajo y sacrificio. Abusos como este pueden alimentar un descontento social de consecuencias impredecibles.
Todavía están a tiempo de corregir. Si quieren modificar las reglas, que lleven una iniciativa al Congreso y expliquen de frente sus razones. Que expongan los números, justifiquen la necesidad de los cambios y permitan que el asunto se discuta públicamente. Lo que no se vale es pretender restringir derechos a decretazos, como si la voluntad de unos cuantos funcionarios pudiera colocarse por encima de la ley.
Porque, al final, el Gobierno debería entender algo elemental: las pensiones se ganan trabajando durante toda una vida, no mendigando favores al poder. Jugar con las expectativas de quienes han entregado sus mejores años al trabajo no solo resulta injusto, sino profundamente insensible. Y si desde el poder creen que pueden hacerlo sin consecuencias, convendría recordarles que están jugando con fuego.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.