WASHINGTON, EU (ANSA/EL UNIVERSAL).- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar, por ahora, las deportaciones de migrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos, sin que puedan demostrar previamente los riesgos que enfrentarían en esos destinos.
La decisión, adoptada por 6 votos contra 3, deja en suspenso un fallo de un tribunal inferior mientras el máximo tribunal analiza el fondo del caso.
Los tres magistrados progresistas de la Corte disintieron de la decisión. El tribunal tiene previsto celebrar en diciembre los alegatos sobre la legalidad de la política, tras lo cual emitirá un fallo definitivo.
El caso enfrenta al Departamento de Justicia con una resolución dictada en febrero por el juez federal de Boston, Brian Murphy, quien consideró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por no garantizar a los migrantes una oportunidad efectiva para alegar que podrían sufrir persecución o tortura en un tercer país. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó el 18 de septiembre la mayor parte de esa decisión.
La administración Trump sostiene que las deportaciones a terceros países son una herramienta necesaria para expulsar a personas con órdenes definitivas de deportación cuando sus países de origen no las aceptan o no pueden recibirlas. Los gobiernos de destino ofrecen garantías diplomáticas de que los deportados no serán perseguidos ni torturados, según los abogados del gobierno.
El gobierno había alegado que el fallo de Boston obligó a cancelar un vuelo con unas 70 personas que iban a ser trasladadas a tres países. La Corte Suprema ya había permitido anteriormente que continuaran temporalmente los vuelos mientras avanzaba el litigio.
En otra decisión favorable a la Administración, el Supremo levantó previamente las restricciones impuestas por Murphy para impedir el traslado de un grupo de hombres a Sudán del Sur.
Más de 25 MIL migrantes han sido enviados a 29 países bajo esta política, implementada en 2025, según un recuento de organizaciones de derechos humanos. La mayoría fue deportada a México, mientras que otros fueron trasladados a países como Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana.
Organizaciones defensoras de los migrantes sostienen que la medida puede exponer a personas a detenciones, abusos, persecución o tortura. El Gobierno, por su parte, defiende los acuerdos con los países receptores y sostiene que la política es necesaria para ejecutar las órdenes de deportación.
