Un grupo de aproximadamente 25 abogados se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, denunciando presuntos cobros extraordinarios para agilizar trámites que, aseguran, han llegado a retrasarse hasta cuatro meses.
Ante esto, el titular de la dependencia, Rogelio Alberto Aguirre Eduardo, rechazó los señalamientos y sostuvo que los únicos pagos que se realizan son los establecidos oficialmente y cuentan con su respectivo recibo.
La abogada litigante Isis Abril Maceda Villanueva, quien habló a nombre de los inconformes, aseguró que la problemática tiene alrededor de un año y señaló que algunos trámites que deberían resolverse en aproximadamente 10 días llegan a prolongarse durante meses. Según su denuncia, ante la urgencia de obtener determinados documentos se les solicitarían pagos adicionales o “incentivos”.
“Si tienes la urgencia de una escritura, te cobran de incentivo 3 mil pesos”, afirmó Maceda Villanueva, quien contrastó esa cantidad con trámites ordinarios que, dependiendo del servicio solicitado, pueden representar pagos considerablemente menores. La abogada aseguró, además, que, aun entregando ese supuesto incentivo, no existe garantía de recibir inmediatamente el documento. Los litigantes señalaron que anteriormente han presentado quejas y advirtieron que, si no obtienen respuesta, analizarán emprender acciones legales.
Ante las acusaciones, Rogelio Alberto Aguirre Eduardo negó que dentro del Registro Público se realicen cobros irregulares. Explicó que existe un trámite urgente contemplado oficialmente, cuyo costo ronda los mil 673 pesos, dependiendo del documento, y que todo pago debe contar con ticket. “No hay forma, porque se tiene que poner el sello, el ticket dentro del expediente”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de pagos fuera del procedimiento establecido. Añadió que la caja ubicada en las instalaciones depende de la Oficina Fiscal del Estado y que el Registro Público es ajeno a la recaudación.
Respecto a los retrasos, el funcionario reconoció que existe carga de trabajo y falta de personal, pero rechazó que actualmente haya trámites detenidos durante cuatro meses. Aseguró que el retraso ronda un mes y que no existe un rezago considerable superior a dos meses. Actualmente, explicó, la oficina opera con alrededor de 17 trabajadores. Así, mientras los abogados exigen que se investiguen los presuntos cobros y las demoras, la autoridad sostiene que los pagos están regulados y documentados, dejando dos versiones encontradas que ahora deberán ser aclaradas por las instancias correspondientes.
.jpeg&w=3840&q=75)
