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28 de octubre de 2026

Funcionarios pueden buscar precandidaturas sin dejar sus cargos

Aclara el INE, pero asegura que en una candidatura oficial, sí deben hacerlo

Rumbo a los comicios electorales de 2027, los funcionarios públicos que tengan aspiraciones políticas no están obligados a separarse de sus cargos para participar en los procesos internos de selección de candidatos de sus partidos políticos, aclaró Héctor Enrique Espinosa Castañeda, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Matamoros.

El funcionario electoral explicó que la legislación distingue entre una precandidatura y una candidatura, por lo que las obligaciones legales son diferentes en cada etapa del proceso electoral.

Detalló que las precampañas están dirigidas exclusivamente a los militantes y simpatizantes de un partido político, con el propósito de obtener su respaldo para alcanzar una candidatura, por lo que la ley no establece como requisito general abandonar un puesto público para participar en esta etapa.

“Para las precandidaturas no hay un impedimento legal para poder desempeñar algún cargo”, señaló Espinosa Castañeda, al precisar que se trata de una actividad interna de los partidos políticos y no de una campaña dirigida al electorado en general.

Sin embargo, aclaró que la situación cambia cuando una persona busca registrarse formalmente como candidata a un puesto de elección popular, ya que en determinados casos la legislación establece plazos específicos para separarse de sus funciones, dependiendo del cargo público que desempeñe y del puesto al que aspire.

Esta aclaración cobra relevancia ante los movimientos políticos que comienzan a registrarse en Matamoros rumbo a las elecciones de 2027, particularmente entre funcionarios que han manifestado su interés en participar en los procesos internos de sus respectivos partidos.

Aunque la ley permite que determinados servidores públicos participen en procesos internos sin renunciar a sus puestos, esto no los exime de respetar las disposiciones electorales, especialmente la prohibición de utilizar recursos públicos con fines partidistas o para favorecer sus aspiraciones políticas.

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