El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que reforma la Ley de Inversión Extranjera en materia de seguridad nacional que establece por primera vez en México un mecanismo formal de revisión obligatoria para el capital foráneo en sectores estratégicos, bajo criterios de seguridad nacional.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que fue turnada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, quedó avalada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 106 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.
La modificación establece que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) amplía su integración, pasando de 10 a 13 o 14 miembros con derecho a voz y voto, incorporando directamente a las fuerzas de seguridad e infraestructura digital.
Se integran formalmente los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, se integran como invitados permanentes, con voz, pero sin voto, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en asuntos que involucren seguridad nacional.
Además, se agrega un filtro obligatorio. Las inversiones foráneas deberán someterse a una resolución favorable de la CNIE cuando pretendan adquirir más del 49% del capital social de empresas mexicanas operando en sectores denominados "sensibles" o estratégicos, siempre y cuando rebasen un umbral económico de activos fijado por la propia comisión.
Los sectores estratégicos que estarán bajo escrutinio del CNIE se enfoca en áreas tecnológicas, de infraestructura y soberanía, tales como Inteligencia Artificial, robótica y semiconductores; Ciberseguridad y tecnologías críticas; Telecomunicaciones y satélites; así como energía, minería e infraestructura ferroviaria.
Se homologa el plazo general a 45 días hábiles iniciales para que la comisión resuelva las solicitudes y otorgue certeza jurídica, y se elimina la "afirmativa ficta", es decir que a diferencia del régimen ordinario comercial, en cuestiones de seguridad nacional el silencio administrativo equivale a una negativa: "Si la comisión no responde a tiempo, la inversión se considera rechazada de forma automática hasta que haya un pronunciamiento explícito".
Durante el debate, los partidos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que introducir mandos militares en decisiones comerciales "añade un sesgo de seguridad a un entorno civil" y atenta contra las inversiones en México.
A nombre de la bancada del PAN, el diputado Ernesto Sánchez aseveró: "Quiero dejar algo muy claro: Acción Nacional está de acuerdo en que México revise quién compra su empresa y qué estrategias tiene. Estados Unidos lo hace, Canadá lo hace, Europa lo hace. No estamos en contra de eso. En lo que estamos en contra es de lo que la ley dice, no le está diciendo al inversionista a qué se va a tener en México, está trabajando sin certeza jurídica", expresó.
Explicó que el artículo 30 BIS exige un permiso cuando una empresa rebasa un porcentaje y un tamaño, pero este tamaño no está en la ley, lo fija después de la propia Comisión y los transitorios le dan hasta 180 días para hacerlo mientras la ley entra en vigor.
"El mismo artículo le pide a la Comisión o le permite a la Comisión, mejor dicho, ampliar su cuenta a la lista de sectores sujetos a permiso sin obligación de publicar esa ampliación", sentenció.
Tras su aprobación, la reforma se turnó al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
