El Senado de la República retiró de su página de internet 10 años de información sobre el manejo de recursos públicos, correspondientes al periodo 2014-2024, incluidos datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos, denunció Artículo 19, que acusó a la Cámara alta de incumplir sus obligaciones legales de transparencia.
La organización señaló en un comunicado que la información fue eliminada la semana pasada del portal de datos administrativos del Senado y sustituida por un aviso que remite a los ciudadanos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el argumento de cumplir con el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, sostuvo que esa disposición únicamente obliga a las instituciones públicas a colocar en sus portales un enlace directo a la PNT y un buscador, sin autorizar la eliminación de los archivos administrativos que ya estaban disponibles para consulta.
La documentación retirada incluía información sobre el ejercicio presupuestal del Senado durante una década. Su eliminación, advirtió la organización, impide consultar directamente los antecedentes del gasto legislativo y dificulta conocer el destino de los recursos públicos.
Además, denunció que el Senado ya mantenía sin publicar información desglosada de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, relacionada con contratos de licitaciones públicas, compras, inversiones, recursos entregados a los grupos parlamentarios, nóminas completas y gastos mensuales en salarios, materiales y servicios.
Señaló que estas omisiones impiden comparar el ejercicio presupuestal entre distintos años, conocer las modificaciones en la administración de los recursos e identificar posibles irregularidades.
Explicó que los lineamientos de transparencia obligan a las instituciones a actualizar la información cada tres meses y conservar determinados registros, como los relacionados con salarios, prestaciones, subsidios y programas públicos, durante el ejercicio fiscal vigente y los dos anteriores, como mínimo.
También recordó que cuando un documento contiene información reservada o confidencial, las autoridades deben elaborar versiones públicas en lugar de retirarlo por completo.
Sostuvo que la antigüedad de los archivos no justifica su eliminación, pues la información histórica permite vigilar el manejo del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades.
Advirtió que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente, entre ellas la filtración de datos personales de solicitantes de información, la ausencia de algunas autoridades en la Plataforma Nacional de Transparencia y el aumento de respuestas incompletas a solicitudes ciudadanas.
También cuestionó las consecuencias de la reforma de transparencia de 2025, mediante la cual desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información.
Según Artículo 19, el nuevo esquema coloca a las instituciones públicas en una situación de conflicto de interés, debido a que las autoridades garantes forman parte de las propias estructuras gubernamentales.
En el caso del Senado, explicó, las denuncias ciudadanas por incumplimientos de transparencia deben ser atendidas por una autoridad garante perteneciente a la propia Cámara Alta.
Recordó que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan contar con órganos especializados y autónomos para garantizar el acceso a la información y supervisar a las autoridades.
Ante la eliminación de los registros administrativos, Artículo 19 exigió a Transparencia para el Pueblo aplicar las medidas de apremio y sanciones previstas en la legislación por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
"No se puede eliminar información bajo el argumento de que es antigua, porque la temporalidad de los datos no es condicionante para su publicación y consulta", sostuvo.
Insistió en que el acceso a los archivos públicos resulta indispensable para fiscalizar el gasto gubernamental y prevenir la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
"El derecho a la información pública no tiene fecha de caducidad", dijo.
