La Auditoría Superior de la Federación (ASF) integró a sus investigaciones una revisión a las contrataciones históricas del Instituto Federal Electoral (IFE).
"La Auditoría Superior de la Federación comunica las tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo: 1. Investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces IFE", se señala en el comunicado.
También integró un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLE, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.
Además de la realización de una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLE. "Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLE, el INE y el IFE", expuso el máximo órgano fiscalizador del país.
El pasado 30 de octubre, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas "GC" y "GHC" acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral, como el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales Locales de distintas entidades de México de 2014 a 2026.
En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, detalló que gracias a labores de inteligencia de dicha dependencia se detectó que, de este monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales.
Al Instituto Nacional Electoral le corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, en otras palabras, 11.3% del total.
"En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas.
"Quiero ser enfático. Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso".
El auditor reafirmó que se ha comenzado una investigación de oficio respecto a irregularidades en el INE.
"Esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores".
De acuerdo con el informe, los OPLE que han signado contratos con estas empresas son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, 370.3; Coahuila, 306.3; Puebla, 286.6; Nuevo León, 253.9; Baja California, 223.3; Aguascalientes, 211; Estado de México, 163.7; Jalisco, 159.5, y Yucatán, 151.1 millones.
