CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Centro de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Berkeley publicó este jueves una investigación que revela que en la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 337 periodistas y defensores de derechos humanos, así como el uso de Pegasus para espiar a la prensa, a pesar de negativas del gobierno.
HRC publicó las conclusiones de una investigación que comenzó después de una intrusión del grupo activista Guacamaya, en septiembre de 2022, que derivó en la filtración de 6 terabytes de correos electrónicos y archivos adjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, el HRC documenta cómo los periodistas y defensores que informaban sobre la delincuencia, la corrupción y los abusos del Estado fueron blanco de ataques provenientes del Estado.
De los 337 asesinados, 78 eran periodistas y 259 defensores, una cifra más alta de la que se documentó en su momento. Artículo 19 había cifrado entre 46 y 47 los periodistas asesinados, mientras que organizaciones de la sociedad civil hablaron de 225 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y activistas ambientales.
Según HRC, estos crímenes no fueron sino la punta visible de un amplio ataque contra la prensa y los activistas, "un ataque que el Estado fomentó abiertamente y que rara vez castigó. La impunidad por los delitos contra este grupo se mantuvo entre aproximadamente 93% y 99% a lo largo de todo el periodo", señala la investigación.
"Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder", señaló en el reporte Lind- say Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional de HRC. A pesar de que López Obrador aseguró en distintos momentos que su gobierno no espiaba a periodistas o críticos, la investigación forense digital de HRC confirmó que un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Sedena utilizó no sólo el software espía Pegasus, de NSO Group, sino también "otras herramientas de vigilancia, como Geomatrix, de Rayzone, y Cellebrite UFED (Universal Forensic Extraction Device), contra periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso contra los propios investigadores de control del gobierno, sin autorización judicial y sin que existiera ninguna ley que facultara a las Fuerzas Armadas a interceptar comunicaciones privadas".
La persecución, indica HRC, se daba desde las mañaneras de AMLO donde, advierte, "estigmatizaba y señalaba a periodistas por sus nombres".
