Representantes de los partidos PAN, PRI, PRD y Somos ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), acusaron la presunta existencia de una red de influencia política en los órganos electorales de Sonora, a la que denominaron el "cártel electoral", y señalaron a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, como supuesto operador de esa estructura.
Durante la presentación de un documento titulado El Cártel Electoral de Sonora: Anatomía de un Esquema de Corrupción, los dirigentes opositores del PAN, PRD, PRI y Somos, Víctor Ramírez, René Noriega, Luis Donaldo Coronado y Jesús Ávila, respectivamente, expusieron una serie de presuntos vínculos familiares, laborales y profesionales entre funcionarios del INE, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Afirmaron que esta estructura tendría como propósito influir en las instituciones encargadas de organizar, vigilar y resolver las controversias de las elecciones de 2027, con el argumento de que no existen condiciones de imparcialidad, equidad y certeza para la contienda.
En su exposición, identificaron a Guadalupe Taddei como una figura central de la red y colocaron a su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, como supuesto coordinador de las operaciones en Sonora.
Piñeda Taddei se desempeña como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño desde agosto de 2025. Anteriormente ocupó el cargo de consejero jurídico del Gobierno estatal.
La presentación sostiene que, desde esa posición, habría tenido capacidad de establecer vínculos e influir en la incorporación de personas cercanas a su entorno en distintas instituciones electorales.
Señalan vínculos en INE, IEE y Tribunal Electoral
Entre los nombres incluidos en el documento aparece Marisa Arlene Cabral Porchas, designada en septiembre de 2026 como vocal ejecutiva del INE en Sonora.
También mencionaron a María de los Ángeles Cabral Porchas, quien ocupa un cargo en la oficina de la presidencia del Consejo General del INE y anteriormente fue coordinadora general del IEE.
La relación familiar entre ambas funcionarias no fue precisada en la exposición, pero les vinculan parentesco con Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei, exdelegado de los programas de Bienestar en Sonora y uno de los fundadores de Morena en la entidad.
En el ámbito estatal, los partidos incluyeron al consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, quien asumió el cargo en octubre de 2021, después de desempeñarse como director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del mismo organismo durante la gestión de Guadalupe Taddei.
También cuestionaron la integración del Consejo General del IEE, al mencionar a los consejeros Jaime Olea Miranda, Flor Teresita Barceló Noriega y Wilfredo Román Morales Silva, designados en octubre de 2024 por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Taddei.
Sobre Olea Miranda, la presentación refiere antecedentes académicos compartidos con Jorge Luis Taddei Bringas en la Universidad de Sonora y la participación de ambos en un libro colectivo publicado en 2021.
En el caso de Barceló Noriega, destaca su trayectoria administrativa dentro del organismo electoral, mientras que de Román Morales Silva señala su paso por el entonces Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presidido por Guadalupe Taddei entre 2022 y 2023.
La exposición también alcanza al Tribunal Estatal Electoral, donde identificaron a la magistrada presidenta Alejandra Velarde Félix, quien anteriormente trabajó como coordinadora de área de la presidencia del IEE y fue fiscal especializada en delitos electorales de Sonora entre 2021 y 2025.
Asimismo, incluyeron a Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, secretaria general en funciones de magistrada, quien en febrero de 2025 fue nombrada directora general de Actualización Normativa de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, cuando Luis Rogelio Piñeda Taddei encabezaba esa dependencia.
Denuncian contratos electorales por 187 millones de pesos
Además de los presuntos vínculos entre funcionarios, los representantes partidistas cuestionaron las contrataciones de material electoral realizadas por el IEE entre 2017 y 2025, que, según sus estimaciones, alcanzaron alrededor de 187 millones de pesos y beneficiaron a los mismos grupos empresariales.
René Noriega, representante del PRD, detalló que durante el periodo en que Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral estatal, de 2017 a 2021, las adjudicaciones señaladas sumaron 67.8 millones de pesos.
Como ejemplo, mencionó una licitación de 2021 que fue declarada desierta y que, 17 días después, derivó en una adjudicación por 40.4 millones de pesos a las empresas Cajas Graf y Formas Finas.
Agregó que entre 2023 y 2025, durante la presidencia de Nery Ruiz Arvizu, se habrían destinado otros 120 millones de pesos a los mismos grupos empresariales.
El representante panista Víctor Ramírez indicó que el 28 de octubre solicitaron al Consejo General del IEE promover auditorías ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), pero aseguró que hasta el momento de la presentación no habían recibido una respuesta por escrito.
Cuestionan perfiles para consejos electorales
Por su parte, Luis Donaldo Coronado, representante del PRI, denunció presuntas vinculaciones partidistas entre aspirantes a integrar los consejos municipales y distritales electorales.
Aseguró que, de mil 518 personas que llegaron a la etapa de entrevistas, identificaron a 312 con supuestos vínculos de afiliación partidista o laborales con Morena y sus aliados.
De ese universo, afirmó que 217 serían militantes de Morena, mientras que otros aspirantes habrían ocupado cargos como servidores públicos en administraciones estatales o municipales encabezadas por ese partido.
Los representantes opositores sostuvieron que entregaron nombres y observaciones por escrito y exigieron revisar los perfiles para garantizar que quienes participen en la organización de los comicios de 2027 actúen sin intereses partidistas.
Jesús Ávila, representante de Somos, planteó que los funcionarios señalados se separen temporalmente de sus cargos mientras se realizan investigaciones independientes.
También cuestionó la promoción anticipada de coordinadores políticos de Morena, al considerar que podría representar actividades electorales fuera de los plazos establecidos por la ley.
Piden renuncias y auditorías
Como parte de sus exigencias, la denominada Mesa de la Unidad por la Democracia solicitó la salida de Nery Ruiz Arvizu, de la vocal ejecutiva del INE en Sonora, Marisa Arlene Cabral Porchas, y de la consejera electoral Flor Teresita Barceló Noriega.
También demandó auditorías a las contrataciones del IEE, una revisión de los procedimientos de selección de integrantes de los consejos municipales y distritales, así como garantías de imparcialidad para las autoridades que tendrán a su cargo el proceso electoral de 2027.
Los señalamientos fueron presentados por los partidos como parte de una denuncia política sobre presuntos conflictos de interés, relaciones familiares y posibles irregularidades administrativas.
Hasta ahora, las acusaciones expuestas en el documento no constituyen por sí mismas una resolución de autoridad que acredite la existencia de una estructura delictiva o de un fraude electoral.
La controversia coloca bajo cuestionamiento la integración y actuación de las autoridades electorales de Sonora a casi ocho meses de las elecciones del 2027.
