El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante el gobierno de Samuel García, en Nuevo León, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal por estas operaciones.
En un pronunciamiento difundido este domingo 1 de noviembre, el legislador se refirió al presunto esquema como “la estafa regia” y acusó al mandatario estatal de convertirse en el “rey de la triangulación de recursos públicos y la facturación falsa”.
“La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres, los cargos ni los partidos políticos”, sentenció.
Por ello, vinculó sus exigencias de investigación con una iniciativa de reforma constitucional que presentó el pasado 30 de octubre para eliminar el fuero y fortalecer los procedimientos de juicio político contra servidores públicos.
De acuerdo con la información de la ASF retomada por Ramírez Cuéllar, se identificaron cuatro rutas de transferencias de recursos públicos a través de distintas empresas, mediante las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
Reportes periodísticos previos habían reportado que el desglose de estas operaciones habría ascendido a al menos 728 millones de pesos.
El diputado sostuvo que estos señalamientos no pueden reducirse a una confrontación política, pues involucran el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares.
Por ello, demandó que la FGR investigue las rutas del dinero, identifique a los beneficiarios finales, determine la legalidad de las operaciones y, en caso de acreditar conductas delictivas, proceda contra los responsables.
“La exigencia es clara: investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”, declaró.
