A un año del incendio de la tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo, la justicia aún no llega para las 24 personas que perdieron la vida.
El dolor permanece entre sus familiares, quienes el sábado 31 de octubre se reunieron en el Jardín Juárez para recordar a sus seres queridos con una misa oficiada por el padre Julián Valencia.
Entre recuerdos y ausencias, las familias conmemoraron el primer aniversario de una tragedia que marcó a Sonora y que, doce meses después, mantiene abierto el reclamo para que se esclarezcan los hechos y se castigue a quienes resulten responsables.
El incendio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la sucursal ubicada en la calle Dr. Noriega y Matamoros, en el primer cuadro de Hermosillo. El siniestro dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.
A un año de los hechos, el proceso judicial continúa sin una sentencia. De acuerdo con el seguimiento del caso, 26 personas fueron vinculadas a proceso, pero ninguna permanece en prisión preventiva, por lo que enfrentan el procedimiento en libertad.
Las investigaciones también evidenciaron irregularidades en materia de seguridad. Aunque el establecimiento contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado en 2019, en 2021 recibió un dictamen negativo de Protección Civil Estatal.
Tras el incendio, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora, que reabrieron conforme acreditaron el cumplimiento de las medidas exigidas.
En el marco del primer aniversario, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre la publicación, este 1 de noviembre, de una reforma constitucional que reconoce la protección civil como un derecho humano y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.
El mandatario señaló que la reforma busca transformar el modelo de protección civil, al pasar de un esquema reactivo a uno preventivo, mediante políticas públicas para identificar riesgos, reducir vulnerabilidades y proteger la vida.
También reiteró el compromiso de acompañar a las familias y personas lesionadas con atención médica, psicológica y jurídica, así como avanzar en la reparación integral que corresponda.
Durazo reconoció la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial para determinar las responsabilidades y los resultados del proceso judicial.
A doce meses de la tragedia, la reforma constitucional representa un cambio institucional anunciado por el Gobierno estatal, mientras las familias de las víctimas siguen esperando que la investigación se traduzca en justicia y que lo ocurrido en Waldo’s no vuelva a repetirse.
