El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó destituir e inhabilitar por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, supuestamente por beneficiar a personas detenidas relacionadas con la delincuencia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el eximpartidor de justicia, manifestó que la sentencia no resolvió su petición, ni atendió sus argumentos de que su caso se trata de un criterio judicial que es interpretable y debatible, adelantó que prepara un recurso de revisión con incidentales.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) externó su respaldo y solidaridad al exjuez.
En un comunicado la Jufed refirió que, en este fallo aprobado por mayoría del TDJ, el 29 de septiembre de 2026, el Órgano disciplinario impuso a Sigales Obrador, con casi veinticinco años de trayectoria judicial, una sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución inmediata del cargo que ejercía.
Jufed calificó como preocupante la posibilidad de que a partir de esta resolución se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia juzgadores de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial.
Más aún cuando este procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Lo que genera la sospecha de que el TDJ esté actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia.
Indicó que es inadmisible que la decisión de separar de sus funciones al eximpartidor de justicia, derive de un ejercicio estrictamente interpretativo y de arbitrio judicial en la conducción de audiencias de procedimiento abreviado durante el año 2022.
El organismo destacó que el exjuzgador privilegió el debido proceso, el principio pro-persona y la tutela de los derechos humanos vinculados a la libertad personal frente a medidas restrictivas como la prisión preventiva oficiosa.
Indica que la propia resolución reconoce que no existió beneficio personal.
