Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los medicamentos caducos y las radiografías en desuso que permanecen almacenados en los hogares de Tamaulipas podrían contar con centros especiales de recolección para evitar riesgos sanitarios y daños al medio ambiente.
Diputados locales presentaron una iniciativa de reforma al Código para el Desarrollo Sustentable del Estado, con el propósito de establecer mecanismos para recibir, manejar y disponer adecuadamente de estos materiales.
La propuesta parte de que numerosas familias conservan medicamentos vencidos o sobrantes de tratamientos médicos sin conocer los procedimientos adecuados para desecharlos.
Ante la falta de información y de lugares accesibles para entregarlos, algunos productos terminan mezclados con los residuos domésticos, mientras otros son eliminados mediante prácticas que pueden representar riesgos ambientales.
Una situación similar ocurre con las radiografías, que frecuentemente permanecen guardadas durante años o son depositadas directamente en la basura.
La iniciativa contempla incorporar el artículo 122 Bis a la legislación estatal para promover la instalación de centros de recepción, así como campañas informativas y jornadas periódicas de recolección.
También establece que los materiales recuperados deberán entregarse a prestadores de servicios autorizados para garantizar su manejo y disposición final.
En el caso de las radiografías, se considera su posible reciclaje, siempre que existan condiciones técnicas y legales para realizarlo y se proteja la información personal de los pacientes.
Además, plantea llevar registros sobre las cantidades recolectadas y el destino de los residuos, con la finalidad de evaluar los resultados de las acciones implementadas.
Sin embargo, la propuesta no contempla recursos presupuestales específicos, fechas obligatorias para instalar los centros de acopio ni sanciones por incumplimiento.
Su aplicación quedaría sujeta a la disponibilidad de recursos y al aprovechamiento de infraestructura existente, por lo que correspondería a las autoridades estatales y municipales determinar los mecanismos para ponerla en práctica.




