Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por la disputa legal promovida por empresas tecnológicas y plataformas de alojamiento temporal, Tamaulipas ha dejado de recibir por ese concepto alrededor de 60 millones de pesos al año por parte de los servicios que ofrecen entre dos mil y dos mil 500 sitios, la mayoría de ellos en lugares turísticos.
El titular de la Secretaría de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez confirmó que Tamaulipas no ha quitado el dedo del renglón por cobrar el impuesto sobre tarifas de hospedaje a plataformas como Airbnb, la empresa promovió en la Ciudad de México un amparo que continúa su curso en tribunales federales.
“Había una restricción que se había puesto para el hospedaje en las plataformas digitales que se removió justamente, en la Ciudad de México pusieron esta restricción y por ahí hay un amparo de Airbnb, acá en Tamaulipas no fue el caso de nosotros, quitando ese candado vamos a poder volver a entrar a las negociaciones para poder cobrar este impuesto”, indicó.
Estimó que desde el momento en que se empieza a cobrar el impuesto a esas plataformas, de acuerdo a los registros que se tiene en otras entidades del país, la recaudación se incrementa de un 35 hasta un 40 por ciento.
A nivel Estado, consideró que hay un promedio de dos mil 500 prestadores de servicios que utilizan esa plataforma Airbnb, que además de servir para medir la ocupación hotelera de manera correcta y puntual, favorece el cobro del impuesto para que, de cierta manera, exista un piso parejo con el sector hotelero y una competencia más equilibrada.
De todo el 100 por ciento que recibe el Estado de impuestos sobre el hospedaje, más o menos lo que representa el poder cobrar las plataformas es alrededor de un 35 por ciento más, sostuvo.
Añadió que, una vez explorando de manera correcta los anfitriones que tienen, pudiera ser lo que en otros estados se registra lo que llegaría a Tamaulipas, “no tenemos la certeza de cuántos hay, pero más o menos por ahí van a ser dos mil 500”, indicó.
Lo anterior representa alrededor de 60 millones de pesos que el Estado ha dejado de cobrar cada año, por trabas y disputas legales por parte de la plataforma Airbnb, que mantiene en tribunales colegiados y plenos regionales.
