El Gobierno francés endureció las medidas de seguridad tras los disturbios del pasado 17 de octubre, con toques de queda nocturnos en las grandes ciudades, condenas de prisión para manifestantes detenidos y un despliegue policial "masivo" y más móvil previsto para el próximo sábado, cuando estudiantes y chalecos amarillos preparan una nueva jornada de protestas.
La ofensiva busca contener nuevos episodios de violencia y responder a las críticas por la actuación de las fuerzas de seguridad durante los disturbios del fin de semana, pero también se produce en un contexto de creciente apoyo a la ultraderecha de Marine Le Pen, que se presenta como garante del orden público.
Las medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente, Emmanuel Macron, comenzaron a aplicarse mientras París intentaba recuperar la normalidad.
Equipos municipales iniciaron la limpieza de miles de grafitis en monumentos y edificios, incluida la columna de la plaza de la Bastilla.
Los bomberos también retiraron un chaleco amarillo gigante que había sido colocado sobre la escultura de la República, en la plaza de la République, epicentro de las protestas y los enfrentamientos.
El endurecimiento de la respuesta también se hizo sentir en los tribunales.
Un total de 123 personas, entre los miles de detenidos durante los disturbios, comparecieron ante la Justicia después de que sus arrestos fueran convertidos en detenciones preventivas.
Varios acusados recibieron penas de prisión, incluso por períodos de dos o tres meses, que en numerosos casos deberán cumplir efectivamente en la cárcel.
"Ha habido muchas condenas a prisión sin beneficios ni suspensión de la pena", afirmó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien señaló que algunos condenados irán directamente a prisión pese a la brevedad de las sentencias.
Se espera que la mayoría de los juicios rápidos se celebren en los próximos días.
El Gobierno busca mostrar firmeza ante las críticas por la falta de prevención y por el número de agentes desplegados el sábado, pese a las advertencias sobre una posible convergencia entre las movilizaciones estudiantiles y el regreso de los chalecos amarillos a las calles.
Desde sectores de la izquierda surgieron sospechas de que el Ejecutivo habría permitido que aumentara la tensión para justificar una posterior represión, una acusación que el Gobierno rechazó con firmeza.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, volvió a responsabilizar a la extrema izquierda por los episodios violentos y denunció ante el Parlamento la existencia de un "esquema insurreccional planificado por pequeños grupos de la ultraizquierda".
En paralelo, el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), liderado por Le Pen, busca capitalizar el descontento por el deterioro del orden público durante las manifestaciones. Sus dirigentes acusan al líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de querer sumir al país en el "caos".
Le Pen y Jordan Bardella, a quien la dirigente considera para encabezar un eventual gobierno si gana las próximas elecciones presidenciales, atribuyen la crisis a "diez años de macronismo" y prometen una "Francia pacificada" bajo el RN.
En el otro extremo del espectro político, Raphaël Glucksmann, ganador de las primarias socialdemócratas, advirtió que Le Pen podría ser la principal beneficiaria de la crisis y describió a Mélenchon como su posible "trampolín" político.
