La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, por primera vez en su historia, abrió una colaboración directa con informantes clave. Se trata del Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, que usa a testigos protegidos que buscan reducción de sanciones a cambio de información.
A través de un comunicado, el órgano encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo pruebas que documentan una red de corrupción en los contratos que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a diversas empresas cercanas a Guadalupe Taddei Zavala.
"Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años", señala el comunicado.
De acuerdo con los datos difundidos por la institución fiscalizadora en el expediente titulado Caso grupos empresariales relacionados a organismos electorales, los testigos entregaron de manera confidencial múltiples evidencias que exponen cómo operaba el esquema fraudulento.
"Entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas".
La ASF puntualizó que las investigaciones sustentadas por estos informantes permitieron documentar indicios de que los beneficiarios finales de diversas empresas intervenían directamente en la selección de proveedores.
Asimismo, operaban en la definición de requisitos técnicos "a modo" dentro de las licitaciones públicas, con el único fin de favorecer sus propios intereses económicos y asegurar la asignación de contratos inflados.
Compartieron un diagrama con imágenes del esquema delictivo, que comprende la colusión de tres actores principales identificados plenamente por la ASF: empresas fachada, beneficiarios finales y personas servidoras públicas involucradas dentro del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La ASF aclaró que las indagatorias de oficio se mantendrán activas bajo tres consignas inmediatas: Identificar a todas las personas que formaron parte de esta red de corrupción institucional, rastrear el destino final de los recursos públicos desviados mediante estas licitaciones amañadas y garantizar que se impongan las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
